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Read the book "Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond", co-edited by Labate & Cavnar

Cover of the book “Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond”, co-edited by Labate & Cavnar

 

Cover Image: Courtesy of Clancy Cavnar, “Snake Shaman”
Cover_Ayahuasca Shamanism

Back and Front Cover book “Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond”, co-edited by Labate & Cavnar

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Book Launch: “Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond”, Oxford University Press

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Book Launch: “Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond”: Melbourne, December

With the presence of Bia Labate and Alex Gearin.

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Book Launch: “Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond”: Ibiza, September

With the presence of Bia Labate, Clancy Cavnar, Daniela Peluso, Glenn Shepard and Alhena Caicedo.

2014 World Ayahuasca Conference, click here to see.

Book Launch: “Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond”: San Francisco, October

With the presence of Bia Labate, Clancy Cavnar and Jorge Ferrer.

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Book Launch: “Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond”: Vancouver, October

With the presence of Bia Labate and Alec Dawson.

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La Jornada Aguascalientes – La Purísima Grilla: Reculeos y voladas

http://www.lja.mx/2014/07/reculeos-y-voladas-la-purisima-grilla/Rectificación. Agradecemos a todos los lectores la prontitud con que nos señalan cuando metemos la pata, así que comenzamos esta columna de especulación con un reculeo: el 15 de julio difundimos la existencia de un estudio de Beatriz C. Labate y Pamela Ruiz Flores, investigadoras del CIDE en donde cuestionan la Encuesta Nacional de Adicciones, eso es cierto, en Reflexiones Críticas sobre la Encuesta Nacional de Adicciones (ENAs) en México, se analiza el principal instrumento de políticas públicas utilizado para medir el consumo de drogas ilegales en México y se cuestiona que el gobierno haya utilizado los datos de consumo incrementado de drogas para justificar parcialmente la “guerra contra las drogas”, cuando las ENAs no dejan claro qué quieren medir: consumo o dependencia; además de que los resultados de la encuesta no permiten la medición precisa del fenómeno de consumo de drogas ilegales y, por tanto, no permite fundamentar políticas públicas eficaces con base en sus datos, entre otras linduras como fallas en la muestra y la metodología; problemas en las definiciones de categorías “uso”, “abuso” y “dependencia”; reduccionismo en la relación establecida entre consumo y prevención, y estigmatización del usuario… También es cierto.Súper INEGI. En esta mesa de redacción pensamos que el INEGI es un organismo que (lo escribimos) “se ha hecho indispensable para la toma de decisiones. Hace mucho tiempo quedó atrás la necesidad de subirse a los hombros de organismos internacionales para subrayar la importancia del uso de la información estadística en la toma de decisiones.” Desde hace varios años, el INEGI ha sabido crecer y fortalecerse en su autonomía; en eso nos sostenemos. Donde tenemos que recular es que el estudio de Beatriz C. Labate y Pamela Ruiz Flores en ningún momento mencionan al Instituto, ya que el INEGI no participó en ningún momento en las Encuestas Nacionales de Adicciones de 2008 y de 2011; la metodología y el diseño conceptual, que analizan las investigadoras delCIDE, fueron desarrollados por personal del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, el Instituto Nacional de Salud Pública y del Consejo Nacional contra las Adicciones (para la ENA 2008), mientras que para la ENA 2011, esa responsabilidad estuvo a cargo de la Secretaría de Salud, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y del Instituto Nacional de Salud Pública.Los traigo fintos, los traigo fintos… Agradecemos pues a quienes nos señalaron el equívoco y que estábamos apuntando fuera de la nica al indicar que el actual presidente del INEGI, Eduardo Sojo Garza Aldape tenía “la obligación de defender el trabajo en el que la administración federal basa su toma de decisiones”. Así como a la responsable de Comunicación del organismo en Aguascalientes, Fabiola Morones Ruiz, quien oportuna y diligentemente nos proporcionó la información necesaria para consultar los datos del INEGI. Una disculpa después si herimos alguna susceptibilidad al difundir el ensayo de las investigadoras del CIDE; eso sí, en todo lo demás que escribimos del INEGI nos sostenemos (a fin de cuentas es una opinión) y no resta mérito alguno a los cuestionamientos que hacen Beatriz C. Labate y Pamela Ruiz Flores, por los señalamientos que hacen a las ENAs, son otros los funcionarios que tendrán que responder, en el caso de la encuesta correspondiente a 2008 (http://goo.gl/4Vr2JG) el entonces secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, y el secretario técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, Carlos José Rodríguez Ajenjo. Mientras que por la ENA 2011 (http://goo.gl/0eNM0z) deberían dar la cara Salomón Chertorivski Woldenberg, entonces secretario de Salud, y Carlos Tena Tamayo, comisionado nacional contra las Adicciones. En nuestro descargo, sólo para aportar el dato, nos fuimos con la finta de que el INEGI tendría que responder por las críticas señaladas porque nos quedamos con la idea de que seguía siendo responsable de ese estudio, cuando el último que realizó fue la Encuesta Nacional de Adicciones en 2002 (http://goo.gl/vjXeEi), el INEGI en ese entonces todavía era el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y todavía no cumplía un año en la presidencia del organismo Gilberto Calvillo Vives, impuesto por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y de triste memoria entre los inegitas por su mediocre y larguísima estadía al frente del organismo (de abril del 2001 a agosto del 2008), baste recordar su primer encuentro con los amigos de la prensa, cuando al presentar los resultados definitivos del Censo General de Población y Vivienda del 2000 puso en duda el trabajo realizado por los encuestadores, así como su defensa a ultranza del coordinador administrativo, Lino Arturo Vera Pérez, a quien dejó la conducción del instituto y permitió corruptelas que iban desde el nepotismo hasta las agresiones; hoy todavía quedan cicatrices de lo hecho por Vera Pérez, fue él quien alentó la formación de un segundo sindicato en el INEGI para poder controlar las inconformidades por los despidos, llenó de familiares la nómina, incluso mandó a golpear a trabajadores en las instalaciones del edificio sede, entre muchas otras linduras que quedaron sin castigo.

El INEGI hoy. A partir del 2008, el INEGI es otro, un organismo público, con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios, gracias a la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como las reformas a los artículos 26 y 73 de la Constitución, que permitieron la creación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Hoy el instituto tiene una Junta de Gobierno, que encabeza Eduardo Sojo Garza Aldape, quien fue ratificado en 2010 para seguir en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2015, y tiene cuatro vicepresidentes: Mario Palma Rojo, encargado del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia y quien finaliza su encargo en diciembre de 2018; Enrique de Alba Guerra, responsable del Subsistema Nacional de Información Económica (finaliza en diciembre de este año); Félix Vélez Fernández Varela, encargado del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social (termina en diciembre de 2016) y el responsable del Subsistema Nacional de Información Geográfica y de Medio Ambiente, Rolando Ocampo Alcántar, quien terminará su encargo hasta diciembre de 2020.

Especulación… Reiteramos el reculamiento e insistimos en que salvo achacar las ENAs 2008 y 2011 al INEGI, nos entercamos en lo demás, como que en la futura terna para sustituir al malogrado candidato a la gubernatura de Guanajuato, Eduardo Sojo Garza Aldape, sea viable incluir el nombre de Rodolfo Tuirán Gutiérrez, ya que si bien hoy en Aguascalientes se le reconoce más por llevarse de a cuartos con el rector Mario Andrade Cervantes y los espaldarazos que ha tenido para con la entidad, en especial para la creación del Campus Sur de la UAA, así como que hace menos de un año la Autónoma le otorgó el grado de doctor honoris causa, en el pasado Tuirán Gutiérrez realizó múltiples tareas que lo pueden vincular con el INEGI, y si no nos cree, basta echarle un ojo a su semblanza, en la que destaca que fue responsable del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios de Población de El Colegio de México; presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía; también se desempeñó como secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo) y antes de ingresar a la Secretaría de Educación Pública, trabajó como subsecretario de Desarrollo Social (Sedesol); como sea es una especulación, exactamente del mismo calibre de las que corren en los pasillos del INEGI, donde se apuesta a que a la titularidad del organismo recaerá en Rolando Ocampo Alcántar, quien tiene más de 20 años trabajando en el INEGI, pero sobre todo, porque se rumora que fue el mismísimo Enrique Peña Nieto quien lo propuso ante el Senado. Saaaabe.

Negritos… Suponemos que los méritos para dirigir el INEGI tendrían que ser más que las sospecha de un espaldarazo de Peña Nieto, de otra manera se minimizan las cualidades de los posibles candidatos y mire que Ocampo Alcántar cuenta con un currículum sólido, es licenciado en Actuaría por la UNAM, obtuvo su maestría por la Universidad Complutense de Madrid, además de una maestría en Economía de la Universidad Carlos Tercero de Madrid. Fue subsecretario de Información del Colegio Nacional de Actuarios, director general de Grupo de Asesores Unidos, director de la Empresa Encuestadora GAUSS, director general de Opinión Pública para la Coordinación General de Opinión Pública e Imagen de la Presidencia de la República y subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria con Vicente Fox, y encuestador del senador Ernesto Cordero en la contienda interna del PAN… además de eso, los únicos negritos en el arroz recientes es que el nombre del vicepresidente del INEGI aparece vinculado a las cuatro empresas encuestadoras que participaron en una convocatoria de invitación cerrada que realizó Liconsa para contratar un servicio de encuestas por 30 millones de pesos, para la elaboración de un nuevo padrón de beneficiarios, en el contexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ups.

Congresito. En la sesión parlamentaria de esta mañana se votará el punto de acuerdo mediante el cual la bancada panista pide que la Comisión de Vigilancia, en un plazo no mayor a 15 días, se sirva a integrar la Unidad de Evaluación y Control del Órgano Superior de Fiscalización. Y es justo ahora cuando se acaban las unanimidades que dejara la Reforma Política. La mesa está puesta para que los grupos parlamentarios rocen, tan es así que la citada Comisión de Vigilancia ni siquiera ha debatido sobre el pendiente legal que tiene desde hace ocho meses. Antes de la sesión, los diputados panistas se dejarán ver para dar a “conocer información sobre temas de la agenda legislativa”, en la mesa estarán sentados varios de los perfiles para 2015. Fernando Herrera ya encartó a Martha Márquez y a Mario Álvarez, quién sabe si el senador se decida por impulsar a Sylvia Garfias hacia el Distrito II, sitio que le toca, repetimos, de acuerdo con lo que dicen los arreglos de partido.

La del estribo. Con nuestro sospechosismo usual vemos surgir montones de páginas en internet que se presentan como la única y verdadera conexión a la historia política de la entidad… Ya vienen las elecciones, debajo de las piedras surge una multitud que se hace llamar periodistas pero sólo buscan la forma de arañar el presupuesto de los suspirantes y las oficinas de comunicación gubernamental; son tan obvios que hasta emplean los colores de los partidos a los que se van a vender y se fijan tanto en la forma que descuidan el fondo; lo decimos porque ayer leímos en una de esas paginitas una volada que muestra lo que es especular sólo para mencionar nombres y luego extender la mano, aseguran que para el relevo de la dirigencia estatal del PRI se piensa en Alberto Solís Farías, Jesús Ríos Alba y el diputado Jesús Rangel de Lira… En serio, eso dice, y hasta le ponen “ex petista”… Sí, nosotros también nos reímos.

@PurisimaGrilla

 

La silla rota: #Apoyanocastigues: Urgente un nuevo enfoque para la política de drogas en México

http://lasillarota.com/apoyanocastigues/Vidal-Llerenas-Morales#.U8aI8VaY_n3

SOBRE EL AUTOR
Presidente de la Comisión Especial de Estudios Legislativos de la ALDF VI Legislatura. Es economista por el ITAM y cuenta con un doctorado en Administración y Gerencia Pública por la University of York, UK.

#Apoyanocastigues es una iniciativa internacional para demandar distintas y mejores políticas de drogas. Hasta el momento, la meta original de algunos organismos internacionales para lograr un mundo libre de drogas simplemente no es posible, tampoco se puede tratar a todas las drogas como si fueran iguales y es mucho menos razonable considerar a los consumidores como criminales.

Hoy gastamos cantidades absurdas de dinero, vidas y recursos institucionales en combatir el narcotráfico, muy poco en prevenirlo, y, sobre todo, enviamos a la cárcel a consumidores y a personas que forman parte de la cadena de la industria de las drogas que no son un peligro para la sociedad. Al mismo tiempo, hemos puesto en riesgo al Estado mismo, pretendemos ganarle la guerra a unos señores que tienen el control del precio de lo que venden y de los insumos que compran, por lo que obtienen ganancias descomunales que utilizan para financiar ejércitos, en contra de la sociedad.

Todas las decisiones se siguen tomado sin información, sin evidencia, sin evaluación, sin profesionalización, sin consideraciones de derechos humanos, y, por lo tanto, sin resultados. Cada vez más personas consumen drogas y lo hacen bajo situaciones de gran riesgo, el problema es que la preocupación central de nuestras políticas públicas no son las personas que consumen, sino quienes hacen negocio con ellas.

Dos temas son particularmente preocupantes en México. El primero es que seguimos gastando recursos del Estado y enviando personas a prisión por poseer drogas. El segundo, es que el país sigue sin tener un programa de política de drogas medianamente coherente. Nuestra política de drogas criminaliza y no contribuye a reducir en la sociedad los riesgos que su consumo genera.

El trabajo de las investigadoras del CIDE Catalina Pérez Correa y Karen Silva muestra que de 2009 a mayo de 2013, 140 mil 860 personas fueron detenidas por consumo de drogas, de las cuales 27 mil 295 detenciones se realizaron en el Distrito Federal. Además, durante el mismo periodo se iniciaron 54 mil averiguaciones previas por consumo en el sistema federal y se emitieron 89 mil 086 acciones de ejercicio de la acción penal, lo que implica que todas esas personas fueron detenidas y llevadas a un ministerio público. Es decir, se destina una cantidad enorme de recursos públicos para encarcelar a personas que consumen drogas, la mayoría de ellos mariguana.

Además 7 mil 797 personas iniciaron tratamientos forzosos destinados a “farmacodependientes”, cuando no sabemos los resultados de los mismos y mucho menos la forma en la que los jueces determinaron que se trataba de personas con consumos problemáticos, y no simplemente consumidores que no requerían rehabilitarse desperdiciando su tiempo y el dinero público.

En México se inicióun intenso debate con respecto al tema de la regulación de drogas, en particular de la cannabis. Un buen número de prominentes líderes sociales, intelectuales, académicos y artistas se manifestaron por nuevas formas de regulación. Por desgracia, la nuevas concepciones que ya permean con respecto al tema no se han traducido ni en mejor legislación, ni en mejores políticas públicas.

Por ejemplo, con motivo del Día Internacional de Lucha Contra Las drogas, (ver El Universal 27/06/14), Carmen Fernández Cáseres, directora de los Centros de Integración Juvenil, alertóque los jóvenes están sustituyendo el consumo del tabaco por el de mariguana y alcohol. La afirmación fue respaldada por Fernando Cano Valle, responsable de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

No existe, por supuesto ni remotamente, evidencia de que exista una relación de esta naturaleza. De hecho los instrumentos para medir tendencia de consumo en México no parecen ser sólidos. Las también investigadoras del CIDE Beatriz Caiuby y Pamela Ruiz (Drugs, Julio 2012), encuentran que la propia Encuesta Nacional de Adicciones tiene problemas en la muestra que utiliza, en las categorías que establece, en la relaciones causales que presume y no es claro si el objetivo de la encuesta es medir consumo o dependencia, no es capaz de estimar el nivel de consumo ilegal. Básicamente la encuesta, el principal instrumento para generar información sobre drogas en México, no permite sustentar mejore políticas públicas en la materia.

El único tema en el que la nueva administración federal ha mostrado interés es en el de las cortes de drogas. Según se dice, debido a fondos de la llamada Iniciativa Mérida. La promoción del esquema se hace sin que exista evaluación alguna de la experiencia del mencionado tribunal en Nuevo León. El esquema(ver el trabajo publicado en el portal Animal Político) no se enfoca a descriminalizar a consumidores de drogas, sino a conmutar las penas de delitos no graves de infractores que consumen drogas por tratamientos forzosos. Eso tiene varios problemas. El primero es que no existe una relación causal entre consumir drogas y cometer delitos. Es verdad que un delincuente es una persona que asume mayores riesgos en todas sus conductas (consumir drogas legales e ilegales es una de ellas), pero difícilmente es el efecto de la droga el que genera una conducta delictiva. En el caso de la marihuana eso nunca sucede. Además, existe suficiente evidencia en el sentido de que los tratamientos obligatorios difícilmente funcionan y que normalmente se asocian con violaciones de los derechos humanos de las personas.

Existen, por otro lado, propuestas de reforma que pueden contribuir a reducir el problema de la criminalización en el corto plazo. Una de ellas es la que presenté junto con la diputada Esthela Damián en la Asamblea Legislativa del DF y que busca aprovechar el principio de oportunidad en la persecución de los delitos para evitar que se procesen a personas que solamente posean mariguana.

Un mecanismo de comités de disuasión, fuera del sistema judicial, permitiría evitar procesar a consumidores y, en su caso, poder canalizar, para proporcionarles ayuda, a los que lo son de manera problemática.

Otra es la que ha presentado el Senador del PAN Roberto Gil para otorgar una amnistía y libertades anticipadas a personas encarcelas por posesión de drogas sin estar ligados a delitos violentos. Los consumidores de drogas no son delincuentes de manera automática, la mayoría de ellos son personas perfectamente funcionales que no son un peligro para la sociedad. Se trata de individuos con derechos, que requieren de mayor información para tomar mejores decisiones y de separar la criminalización y la violencia del consumo de las drogas. Por eso nuestro compromiso es apoyar y no castigar, el exigir políticas públicas de drogas eficaces, enfocadas en la salud y a reducir los riesgos y los daños de la personas.

@vidallerenas

La Purísima… Grilla: ¿En qué cabeza cabe? La Jornada Aguascalientes, 2 Editorial

http://www.lja.mx/2014/07/en-que-cabeza-cabe-la-purisima-grilla/

(…)

De ese tamaño es la confianza que, sin darnos cuenta, se tiene en el INEGI; hasta que aparece un estudio de Beatriz C. Labate y Pamela Ruiz Flores, investigadoras del CIDE en donde cuestionan, con los pelos de la burra en la mano, la Encuesta Nacional de Adicciones. Que alguien explique… Sí, a Eduardo Sojo Garza Aldape le queda poco menos de un año al frente del INEGI, una de las herencia de la administración de Vicente Fox, tendrá que ser relevado dentro de poco, si bien nosotros pensamos en Rodolfo Tuirán Gutiérrez como un candidato que debe estar incluido en la terna que presenten al Congreso, esa especulación para otro costal; ante la presentación deReflexiones Críticas sobre la Encuesta Nacional de Adicciones (ENAs) en México, en el que se analiza el principal instrumento de políticas públicas utilizado para medir el consumo de drogas ilegales en México.

En diferentes ocasiones, el gobierno utilizó los datos de consumo incrementado de drogas para justificar parcialmente la “guerra contra las drogas” y el artículo de Beatriz C. Labate y Pamela Ruiz Flores justo revisa las encuestas de 2008 y 2011, poniendo en relieve limitaciones metodológicas y conceptuales en las ENAs, básicamente, los comentarios de las investigadores del CIDE, concluyen que las encuestas no dejan claro qué quieren medir: consumo o dependencia; además de que los resultados de la encuesta no permiten la medición precisa del fenómeno de consumo de drogas ilegales y, por tanto, no permite fundamentar políticas públicas eficaces con base en sus datos, entre otras linduras como fallas en la muestra y la metodología; problemas en las definiciones de categorías “uso”, “abuso” y “dependencia”; reduccionismo en la relación establecida entre consumo y prevención, y estigmatización del usuario… No es poca cosa. Beatriz Labate es PhD en Antropología Social (Unicamp, Brasil) y Profesora Investigadora Invitada del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sede Región Centro, en Aguascalientes, mientras que Pamela Ruiz Flores López es Licenciada en Derecho (Universidad Autónoma de Aguascalientes) y Estudiante de Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en Aguascalientes; es decir, no son un presidente municipal quejándose por quejar… alguien (ahí le hablan a la junta de gobierno del INEGI), aunque sea Sojo Garza Aldape tiene la obligación de defender el trabajo en el que la administración federal basa su toma de decisiones. ¿Logramos ensartar todas las chaquiras en el hilo?, no lo sabemos, pero de que se requiere una respuesta oficial, de eso, no nos queda duda.

(….)